Especulación y expulsión: no sólo en las grandes ciudades

Especulación y expulsión: no sólo en las grandes ciudades

Una buena muestra de esto son los 8 desahucios programados esta semana en el Vallès Oriental. Ocho desahucios que ponen en el centro de la problemática municipios como Canovelles, Cardedeu, Granollers, Mollet y Sant Pere de Vilamajor. Municipios donde el precio medio de un alquiler ya supera los 700 €.

A pesar de la conquista de leyes como la 24/2015, gracias a la ILP Habitatge liderada por la PAH, o la mejora y ampliación de esta y otras leyes con el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, en vigor desde el 23 de diciembre de 2019, Cataluña con 49 desahucios diarios, lidera el ranking de la vergüenza en todo el Estado. Porque no hay bastante con hacer reformas legislativas si después la lucha está que se apliquen con contundencia.

La situación en el Vallès Oriental pone esto de manifiesto cuando el último recurso de las familias para poder defender su derecho a la vivienda, es la organización vecinal.

Hoy miércoles, gracias a las movilizaciones de la PAH y el Sindicato de Pueblo de Vilamajor apoyadas por otros colectivos de movimiento popular, que han hecho muro de contención en las puertas, ya se ha evitado que tres familias con niños se queden en la calle. Casos que de una aplicación ágil y eficaz de la Ley 24/2015, no hubieran llegado al último extremo. Esto pone en evidencia que los tiempos de la Administración no están a la altura de la angustia de las personas, como en el caso de ayer en Cardedeu de una madre con cuatro menores con un piso adjudicado de la mesa de emergencia desde febrero de 2019.

Si la especulación de un derecho básico como la vivienda hace demasiado tiempo que está de actualidad, también lo están las declaraciones de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, afirmando que los bancos no desahucian desde el 2012. Una mentira con todas las letras. No hay que ir muy lejos para desmentirla, solo hay que dirigirse el viernes 17 a Granollers, donde un matrimonio de 59 y 64 años se enfrentan a una ejecución hipotecaría desde 2014, iniciada por el Banco Popular, que fue absorbido por el Banco Santander, quien ahora los desahucia, en lugar de cumplir la ley y ofrecerles un alquiler social a 7 años en función de sus ingresos, que seguro les daría la tranquilidad que hace 6 años no tienen.

En Cataluña hemos ganado herramientas para garantizar la protección de las familias. Herramientas que ahora toca defender y dar a conocer para que se utilicen. Mientras eso no suceda, los movimientos sociales tendrán que seguir dando la almohada protectora a las familias por la incompetencia de las administraciones.

Si realmente queremos erradicar el problema, también es necesario presionar al nuevo Gobierno de PSOE-Unidas Podemos para que estén a la altura de los titulares, de momento su programa de vivienda es insuficiente. La PAH está viva desde 2009, los movimientos en defensa del derecho a la vivienda cada día son más y aquí estaremos, exigiendo lo que necesitamos. Cerca de 1.200.000 familias ya han perdido su hogar desde 2008, no perdamos ni una más.

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