El Vallès Oriental se convierte en la diana de la especulación con 8 desahucios en 5 cinco días

El Vallès Oriental se convierte en la diana de la especulación con 8 desahucios en 5 cinco días

Tenemos derechos, tenemos leyes, pero nos siguen echando de casa

Artículo publicado en Catalunya Plural

Mucho se habla de la expulsión de vecinas y colonización de las grandes ciudades en manos de los fondos buitre. Mucho se habla de los precios abusivos del alquiler y de las familias o la juventud que debe abandonar sus barrios y ciudades para poder seguir manteniendo un hogar o poder formar nuevos proyectos de vida.

Pero no se habla tanto de la repercusión en municipios más pequeños, alejados de las áreas metropolitanas, que también se ven afectados por la problemática y se verán más, si la coalición de PSOE y Unidas Podemos lleva a cabo la regulación de los alquileres en los términos expuestos en su programa de Gobierno. La PAH ya lo avisó en su primera valoración de este programa: la regulación de los precios del alquiler no puede depender de la voluntad de los ayuntamientos y la demarcación aislada de zonas tensionadas traslada el problema de lugar.

Catalunya es la comunidad autónoma donde más se vulnera el derecho a la vivienda y la que lidera el ranking de los desahucios: hay 49 al día contabilizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los colectivos en lucha por el derecho a la vivienda hace años que lo denuncian, proponen cambios legislativos y reclaman soluciones. Algunos avances se han logrado, como la Ley 24/2015, fruto de una ILP liderada por la PAH, o el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, en vigor desde el 23 de diciembre de 2019.

Un Decreto Ley que, gracias a la presión popular y del Grupo Promotor de la ILP, ha mejorado algunos aspectos de la Ley 24/2015, ampliándola frente la evolución de la emergencia habitacional, y otras leyes catalanas relacionadas con la vivienda. Pero al mismo tiempo que se necesita voluntad política para afrontar la situación, también se necesita para hacer cumplir las herramientas logradas para reducir el sufrimiento de las familias.

Buena muestra de todo esto, es la barbarie a la que se ve volcada esta semana el Vallès Oriental, con 8 desahucios en 6 días en Granollers, Cardedeu, Canovelles, Mollet y Sant Pere de Vilamajor. Un atentado contra el Derecho a la vivienda que nos dice que nuestras comarcas también están en juego.

Cinco municipios, ocho desahucios de diferentes casuísticas, que evidencian diferentes problemáticas graves. Graves como el caso de Cardedeu, una madre con 4 menores que ya sufrieron un desahucio el 2018, se los concedió un piso de la mesa de emergencia en febrero de 2019 y ahora once meses después se vuelven a ver con un pie en la calle, porque la Generalitat ha sido incapaz de llevar a cabo el realojo obligatorio como marca la Ley 24/2015. Se escudan en que no han acabado las obras del piso concedido, pero la realidad es que este desahucio no debería volver a producirse. Se trata de un piso de Anida, fondo buitre del grupo BBVA, un piso de los que tendrían que estar en manos de la administración para darle su función social si también se cumpliera con contundencia la cesión obligatoria.

Problemática grave, también el desahucio programado para el viernes en Granollers. Un matrimonio de 59 y 64 años que se enfrentan a una ejecución hipotecaría desde 2014, iniciada por el Banco Popular que fue absorbido por el Banco Santander, que es el que ahora desahucia. El mismo Banco que tiene como presidenta a Ana Botin, quién se permite el lujo de mentir descaradamente al afirmar que los bancos no desahucian desde 2012. El matrimonio reúne todos los requisitos establecidos por la Ley 24/2015 y el Banco Santander tiene la obligación de ofrecerles un alquiler social a 7 años y en función de sus ingresos.

Situaciones diversas en un sistema dominado por el capitalismo protegido por muchos juzgados, que demuestran lo mucho que queda para hacer. Suerte de la solidaridad de las, cada vez más, personas organizadas que en nuestras asambleas hacemos el trabajo de protección a las familias que debería hacer la administración y nos movilizamos para defenderlas, para demostrar que los derechos se conquistan y que las leyes vigentes están para cumplirlas aunque debamos desobedecerlas concentrándonos en las puertas de los desahucios.

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